Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la corte nacional de justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al pleno de la corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o sí ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria. Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia.
De la República de Ecuador, establece que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia. El consentimiento informado suele interpretarse como un eximente de responsabilidad civil o penal para los médicos, y es usado en algunos países como México, Uruguay y Ecuador. El consentimiento informado comenzó como una forma de regular los tratamientos experimentales en humanos, sin embargo, en Latinoamérica se ha transformado en una autorización para realizar gran variedad de procedimientos médicos, incluso aquellos necesarios para el paciente.
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No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley.
Responsabilidad
El consejo de participación ciudadana y management social nombrará a la procuradora o procurador general del estado, de una terna que enviará la presidencia de la república. La terna se conformará con criterios de especialidad y méritos y estará sujeta a escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana; quienes la conformen deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser miembros de la corte constitucional. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas knowledge, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados.
Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en explicit por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado. El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad. Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se sancionará de acuerdo con la ley.
Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.
Derecho A La Salud En Estado De Emergencia Por El Covid
Esto quiere decir que las intervenciones deben priorizarse sobre la población pobre y con mayor vulnerabilidad, pero no deben limitarse exclusivamente a ese grupo poblacional. Incrementar la cobertura de los servicios para la prevención y atención de la malnutrición infantil con calidez y calidad, y de forma articulada entre los distintos actores del Estado y la sociedad. Así mismo, es necesario monitorear la evolución de la disponibilidad de alimentos y la seguridad alimentaria de los hogares, realizar mediciones del acceso a alimentos y actualizar la hoja de stability de alimentos, con el fin de garantizar que exista armonía entre las políticas de seguridad alimentaria y las de nutrición. La incorporación de los Gobiernos Autonónomos Desentralizados y las Juntas Administradoras de Agua Potable en el sector rural es prioritaria para implementar servicios alternativos para la dotación de agua segura y su respectivo monitoreo y vigilancia.
La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo acquainted no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa.
Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el servicio militar. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse.
Si en la primera votación ningún binomio hubiera logrado mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta electoral dentro de los siguientes cuarenta y cinco días, y en ella participarán los dos binomios más votados en la primera vuelta. No será necesaria la segunda votación si el binomio que consiguió el primer lugar obtiene al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos y una diferencia mayor de diez puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en el segundo lugar. Si la objeción de la presidenta o presidente de la república se fundamenta en la inconstitucionalidad complete o parcial del proyecto, requerirá dictamen de la corte constitucional, que lo emitirá dentro del plazo de treinta días. En ambos casos, la Asamblea enviará la ley al Registro Oficial para su publicación. Si la Asamblea no considera la objeción en el plazo señalado, se entenderá que se ha allanado a ésta y la Presidenta o Presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el Registro Oficial.